En estos días la noticia más notoria sobre franquicia y que ha sido publicada por innumerables medios es la que todos conocemos. En concreto, se acusa al grupo Restalia y sus principales marcas, como son: 100 Montaditos, TGB The Good Burger y La Sureña de estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos a la compañía. Como si no fuera poco, también se introduce a modo de noticia que genere el mayor impacto negativo posible en la opinión pública, el siguiente titular: “podrían estar suministrando carne con fecha de consumo preferente pasada” y subrayo podrían, sin el más mínimo decoro, con la intención de dañar lo más posible y en un lenguaje ciertamente poco apropiado a tenor de las expresiones publicadas.

El despacho de abogados que ha impulsado y se ha visto favorecido por semejante campaña mediática es el de Rafael Franco, que bien se ha ocupado de reseñar su nombre y conseguir de esta forma una notoria campaña publicitaria sin coste alguno.

Personalmente, no tengo interés alguno en estos momentos con las empresas citadas, ni nada me une a ellas. Es conocido que pertenezco al sector y defiendo plenamente al mismo y no he podido menos que evitar el expresar públicamente lo que expongo, pese a los consejos en contrario que en mi entorno cercano me han expresado.

A continuación, trato de señalar lo más relevante a mi entender:

1) No se puede ni se debe denostar públicamente a una empresa, sea cual sea su tamaño y notoriedad, en base a una demanda que los propios demandados no han recibido y que al parecer se encuentra todavía a la espera por parte del Juzgado del informe de los peritos correspondientes.

2) Con independencia del resultado de lo expuesto, el “daño reputacional” para el grupo es inmenso. Cada una de las acusaciones por sí misma genera un alto impacto: estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos. Afecta no solo al propio desarrollo del negocio de Grupo Restalia y cada una de sus marcas, sino que afecta también a los más de 700 franquiciados satisfechos que verán en estos días como decrecen sus ventas y sus clientes. ¿Por qué iba alguien a atreverse a pedir una supuesta carne caducada? ¿Quién va a querer formar parte de un grupo criminal? Ninguno de los franquiciados que operan en la firma y que son más de 700 debería verse afectados económicamente. No obstante, con el anuncio “podrían estar suministrando carne con fecha de consumo preferente pasada”, no demostrado y falto de rigor en la forma en que se presenta y se expone, lo único que se pretende es incidir irresponsablemente en dicho daño reputacional a la empresa, a su personal y a sus franquiciados.

3) No solo termina aquí el daño reputacional. Se mencionan públicamente y sin ningún escrúpulo los nombres de algunos de sus directivos, alguno de ellos ya no está en la compañía, infringiendo cualquier norma ética y que atenta directamente contra la Ley de Protección de Datos personales. Se citan supuestos fragmentos de conversaciones basados en dueños anónimos que por otro lado si ponen nombre al personal de Grupo Restalia.

4) ¿Cuál es el coste que deberán afrontar los 31 supuestos franquiciados demandantes y el propio despacho que los representa en el caso de no prosperar la demanda o parte de la misma ante el daño reputacional generado? Porque, además, no es lo mismo los argumentos que se exponen en cuanto a supuesto engaño en las condiciones de franquicia y la “supuesta” carne caducada.

A modo orientativo debe valorarse y alguien deberá pagarlo:

• La pérdida de facturación que indudablemente va a producirse en cada una de las más de 700 franquicias actualmente operativas y que se verá inmediatamente reflejada en la disminución de compras realizadas a los propios proveedores.
• La pérdida inmediata de aperturas de nuevas franquicias, donde como es lógico, muchas de ellas ya en curso se verán afectadas.
• Y, por último, el daño generado a cada una de las marcas del grupo, cuyo valor no es necesario indicar.

5) ¿Por qué no se mencionan los nombres de los supuestos 31 demandantes o por lo menos la identificación de sus locales, al igual que se mencionan los nombres de los demandados y se establecen unas reglas de igualdad en el entorno mediático?

6) En la comunicación mediática y las propias declaraciones de Rafael Franco a los medios, existen demasiadas lagunas y afirmaciones que como poco me atrevería a decir son a estas alturas sorprendentes:

• Entre ellas se afirma que Grupo Restalia cierra cada año más de 100 establecimientos. Tendrá que demostrarlo para poder afirmarlo con tal contundencia.
• También se indica el “modus operandi” de la compañía, que consiste en la búsqueda continuada de franquiciados y la imposición de proveedores homologados. Esta afirmación es negarle al sistema de franquicia lo que es suyo o, peor todavía, desconocer el mismo y su funcionamiento.
• Por último, indica que el verdadero problema es que no hay una Ley de Franquicia. ¿Puede ser que no vea con certidumbre el buen fin de la demanda anunciada a bombo y platillo a los medios y anticipe ya que la esperada demanda no tiene fundamento suficiente?

No voy a extenderme más, aunque podría continuar. En muchos años que llevo en el sector he podido asistir con o sin razón a múltiples amenazas del tipo “o me das lo que te pido, o lo comunico a los medios”. También lo que se denomina la figura de los colectivos de franquiciados, donde un despacho con pocos escrúpulos identifica la insatisfacción de un franquiciado, le anima a querellarse contra la empresa franquiciadora y en el camino le pregunta e induce al franquiciado para que anime a terceros a enfrentarse colectivamente y de esta forma diluir costes y obtener elevadas compensaciones que llegarán por parte del franquiciador. La práctica realidad es que casi nunca se llega a obtener lo prometido y todos pierden menos el despacho de abogados que pase lo que pase obtiene excelentes ganancias.

Grupo Restalia lleva 22 años operando. Nunca ha tenido ningún conflicto penal. Es lógico que haya tenido problemas en unos u otros momentos, como los tienen todas las empresas en su recorrido. Es un estandarte y es una marca que representa mucho para muchos. Sus logros son envidiables y su historia también lo es.

Ser franquiciado supone asumir riesgo empresarial y esto es algo que debe conocerse y asumirse. El franquiciado es un empresario y como tal tiene la obligación de informarse previamente, hablar con otros franquiciados, hacer sus números, constatar que todo lo que le exponen es cierto y que además él mismo es capaz de llevar adelante el negocio en la forma debida. No puede asumirse bajo ningún concepto que un franquiciado, como empresario que es, desconozca que en los contratos de franquicia que ha firmado se le imponen proveedores homologados, porque su obligación es leer los contratos con antelación y esto es además algo consustancial al sistema de franquicia, diga lo que diga Rafael Franco.

Ya para terminar, no tengo ninguna información de los hechos, tampoco quiero tenerla. Si Grupo Restalia ha actuado de la forma que se expone, la justicia deberá decidir lo que corresponda, pero en ningún caso este es un proceso limpio por la forma en que se ha iniciado y cuya finalidad supongo no es otra que amedrentar, influir en la opinión pública y adherir en su caso a algún nuevo descontento.

Creo que todos aquellos que tenemos y también aquellos que pretenden tener voz en el sistema de franquicia, debemos manifestarnos públicamente ante sucesos como este, que hacen que cualquier empresa franquiciadora esté expuesta a conductas poco responsables por parte de terceros. Cualquier discrepancia o mala práctica debe resolverse donde compete y esto los despachos de abogados con una cierta credibilidad lo saben y lo conocen. Todo lo demás no es para mí merecedor de la más mínima credibilidad y la experiencia así me lo ha demostrado múltiples veces.

Eduardo Tormo
Fundador Tormo Franquicias Consulting